Me pregunto cómo ciertos círculos políticos, ideológicos y empresariales podrían sacar tajada de la crisis para fortalecer sus posiciones.

El otro día escribí de cómo eran las políticas neoliberales las que nos habían llevado a esta situación.

Hoy quiero hacerlo de cómo se va a intentar sacar provecho de ella.

Obviamente, la primera, bajar los salarios y flexibilizar el mercado laboral.

De esta opción tan repetida no voy a comentar nada, porque se cae por su propio peso que, tras una década pérdida real de poder adquisitivo por parte de los trabajadores (en el período de expansión económica más largo de la democracia), no puede ser que ellos sean los únicos paganos de la crisis (vamos, los que paguen el pato).

Pero hay otro vértice que se puede usar para atacar las políticas socialdemócratas, y que, siendo tan importante como el primero, es un elemento francamente olvidado.

La inoperancia de cierta parte sector público.

No voy a discutir sobre si hay funcionarios buenos o malos, de la misma forma que no voy a discutir si hay trabajadores buenos y malos, o malos empresarios y buenos empresarios. Hay de todo.

Lo malo es que el funcionariado tiene fama de ser malo en su mayoría. Algo que no es cierto, pero sí que es muy sangrante por cuanto el dinero con que se paga a los pocos (o muchos, según a quien preguntes) free riders (gorrones) que hay, es dinero público.

Dinero de todos.

Imagino que en círculos neoliberales estarán frontándose las manos, agencias de empleo semiabandonadas por funcionarios que se han dado de baja ante la avalancha de trabajo, recortes sociales encubiertos mientras se multiplican los funcionarios no productivos, ausencias en plena hora punta, todo ello suficiente para poner en peligro, (en plena crisis), la idea de un Estado eficiente.

El Estadodel Bienestar, y la ideología socialdemócrata, no puede permitirse este punto flaco, en esta época en la que debemos demostrar que tenemos una alternativa de izquierdas al modelo que nos ha metido en esta crisis.

Por ello, es imperativo, además de algo ideológica, ética y políticamente hablando necesario, que se emprenda en esta legislatura, y con la mayor brevedad y el mayor consenso posibles, una reforma de todo lo que afecte a la función pública.

No soy abogado, soy economista, por lo que no puedo hablar de las leyes necesarias. Sí que puedo dar ideas que, en ningún caso perjudicarán a los buenos trabajadores públicos, y sí que permitirán agilizar una administración que ahora debe sumarse al esfuerzo conjunto por salir de la crisis.

Primero, establecer incentivos medibles de productividad. Las futuras subidas de sueldo deberían hacerse vinculantes a cumplir este objetivo desde este mismo año.

Segundo, establecer mecanismos de control de ausencias y facilitar la pérdida de la condición de funcionario a aquellos que no cumplan escupulosamente sus horarios y el calendario laboral (como todo el mundo, vamos).

Crear los mecanismos de control necesarios para ello, y haciendo que parte del sueldo de quienes ejecuten estas medidas de control dependa a su vez de su productividad. Además, establecer mecanismos por los que se responsabilice a los superiores de la baja productividad de sus subordinados.

Ampliar los horarios de los servicios públicos, extendiéndolos a la horas y días en los que los ciudadanos los demanden y necesiten.

Facilitar la movilidad entre departamentos para, en caso de picos de trabajo en un puesto, y bajo ritmo en otros, se puedan cubrir esos puestos sin tener que aumentar la plantilla, ni pagar ningún plus por ello.

Seguro que hay otras medidas posibles, pero podría ser un buen comienzo reconocer que, desde la izquierda, necesitamos limitar y controlar el daño que los malos trabajadores están haciendo a todo el conjunto del Estado, a los ciudadanos y a sus propios compañeros que se parten la espalda cada día por sacar España de la crisis.